La mina que dividió a un pueblo

En San José del Progreso, Oaxaca, hay dos autoridades, dos mercados, dos agrupaciones de mototaxis. La población está dividida en dos bandos. Quienes están en contra de la mina y quienes están de acuerdo con el proyecto.

La tensión se siente desde que cruzas el arco que da la bienvenida a la comunidad, que es en realidad una especie de puesto de control en el que un elemento de la policía con un arma larga, vigila quién entra y quién sale.

La fractura de la comunidad se originó en 2006, cuando la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, suscribió convenios de usufructo con ejidatarios de San José del Progreso, que representaban autorización para el uso de parcelas, y obtuvo permisos de la autoridad municipal para realizar actividades de exploración.

La concesión para la explotación de oro y plata fue otorgada a la empresa minera sin antes consultar a la comunidad de San José del Progreso. Por eso, las personas que se oponían al proyecto minero, conformaron la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO) para defender el territorio de los Valles Centrales de Oaxaca.

Si te paras en la Avenida Carranza que atraviesa el pueblo, puedes ver de un lado el Palacio Municipal y justo enfrente, las instalaciones de la COPUVO. Dos autoridades, una que en el pasado permitió la entrada de la mina y la otra que surgió precisamente para luchar en contra de la explotación del territorio.

Florencia Dominga, originaria de San José, calcula que alrededor de 600 familias se unieron al movimiento en contra de la mina. Protestaron, reclamaron a la autoridad municipal no haberles consultado y se plantaron en el perímetro para impedir los trabajos.

“Nosotras las mujeres éramos quienes protestábamos porque los maridos, los hijos o los señores se iban a trabajar para traer el sustento de la casa. Así que nosotras aprendimos a luchar, nos dimos valor y agarramos garrotes, piedras, machetes; lo que se podía, porque no quedaba de otra”, recuerda Florencia.

El 6 de mayo de 2009, hubo un operativo para desalojar a las personas que se manifestaban. Mujeres como doña Bertha Sánchez, enfrentaron a elementos de la policía federal y estatal. El suceso quedó marcado en la memoria de las personas defensoras y en las bardas de San José del Progreso como un acto de represión.

“Nos mandaron la fuerza, a mí sí me detuvieron ahí. Al momento que llegaron con perros y con todo, me dijo un policía ‘suelta ese palo que tienes’, y le dije ‘suelte usted su arma’. Se rió y se echó pa atrás, ya no me dijo nada, pero no solté mi palo, pensé, a ver de cómo nos toca pues, porque a mí no me da miedo”, relata doña Bertha.

A Florencia y Bertha no sólo las une más de una década de lucha en contra de la mina. El sobrino de Florencia, Bernardo Vásquez Sánchez y la hija de Bertha, Rosalinda Dionicio; viajaban en el mismo automóvil en 2012 cuando fueron víctimas de un atentado en el que Bernardo fue asesinado y Rosalinda resultó herida.

El asesinato del líder más visible del movimiento y entonces dirigente de la COPUVO, el uso de la fuerza pública para reprimir las protestas y las amenazas hacia las personas defensoras; han debilitado al movimiento de resistencia en contra del proyecto “San José”.

Sin embargo, mujeres como Florencia y Bertha siguen firmes en su exigencia de que la concesión de la mina sea cancelada y se detenga la explotación de metales en su municipio.

“Dicen por ahí ‘tontos los que no agarran nada’ y se refieren a nosotras que seguimos contra la mina, pero yo no voy a agarrar lo que me ofrezcan porque a mí el hambre me puede tumbar pero mi orgullo me levanta, yo no me voy a vender por nada”, asegura Florencia con la frente bien alta.

Las personas defensoras de San José del Progreso no han logrado detener los trabajos de la minera canadiense, pero su lucha ha servido de ejemplo a comunidades vecinas como Monte del Toro y San Martín de los Cansecos, que han declarado sus territorios prohibidos para la minería con la intención de preservar sus bienes comunes y la unión de sus pueblos.

Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad del autor o autora y no necesariamente reflejan la postura oficial de Oxfam México

*Con información de EDUCA Oaxaca

SOBRE QUIEN ESCRIBE

Paloma Villanueva, politóloga y Mateo Crossa Niell, latinoamericanista. Consultoría sobre precariedad laboral para Oxfam México.

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