En México las personas de menores ingresos gastan proporcionalmente más para recibir menos agua: apenas 1 de cada 3 hogares de muy bajos ingresos recibe agua diariamente dentro de su vivienda, dedicando 1.4% de su gasto a ello. Mientras tanto, 4 de cada 5 hogares de ingresos muy altos recibe ese beneficio a cambio de solo 0.5% de su gasto.
En particular, las personas indígenas son quienes tienen menor acceso al agua. Estas y otras desigualdades suelen ser producto de decisiones gubernamentales que tienen por objetivo la realización de obras públicas y proyectos privados, pero que también discriminan directa o indirectamente a personas y comunidades indígenas y campesinas.
El derecho al agua para consumo personal y doméstico fue elevado a nivel constitucional en 2012, pero a la fecha sigue faltando la legislación necesaria para que el acceso, disposición y saneamiento de dicha agua sea suficiente, salubre, aceptable y asequible; y también para que la ciudadanía participe en la toma de las decisiones necesarias para un acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos del país.
En coalición con organizaciones locales individuales y redes de organizaciones, hacemos investigación, identificamos prácticas exitosas y nocivas, y promovemos el debate informado para evidenciar las desigualdades en el acceso al agua, sus causas y consecuencias, así como las alternativas para su uso equitativo y sustentable.