Esta iniciativa ha documentado ya 97 conflictos activos sobre tierra y territorio en México que involucran alguna forma de desplazamiento, represión o violencia contra personas y comunidades en torno a actividades de extracción y explotación de bienes naturales. Estos conflictos suelen ser resultado de abusos en el ejercicio del poder económico y la influencia política.
Al menos 2 de cada 3 conflictos están relacionados con proyectos de generación de energía y de minas, mientras que el resto suceden alrededor de proyectos de privatización, extracción o gestión del agua; infraestructura de transporte; urbanización; desarrollos turísticos; contaminación ambiental; explotación forestal y soya transgénica.
Aunado a esto, la criminalización de las protestas sociales y las agresiones directas contra personas defensoras de derechos humanos –en particular defensoras de bienes comunes naturales— revelan la necesidad de seguir trabajando en la construcción de espacios seguros desde los cuales combatir el privilegio en el acceso a bienes comunes naturales, así como la desigualdad que éste genera.
En esfuerzo combinado con otras organizaciones de la sociedad civil, esta iniciativa apoya la articulación de más de 200 pueblos y organizaciones en 17 estados del país a través de asambleas regionales y nacionales, promoviendo la transformación positiva de los conflictos mencionados. La iniciativa también apoya la Campaña en Defensa de la Madre Tierra, la cual ha alcanzado ya a más de un millón de personas.